Sector financiero pide estímulos fiscales para productos « verdes » y regulación inteligente
Sector financiero pide estímulos fiscales para productos "verdes" y regulación inteligente
Madrid, 10 oct (.).- Las patronales del sector financiero español han pedido este martes « estímulos fiscales » para los productos de inversión y ahorro considerados « verdes » y también que la regulación europea SFDR sobre sostenibilidad sea « inteligente », « coherente » y que ofrezca seguridad jurídica.
Durante su participación en una mesa redonda sobre el papel del sector en la promoción de la sostenibilidad, en la que no estaba presente la patronal bancaria AEB, los responsables de estas asociaciones han pedido también que esta normativa sea « flexible » en cuanto a los tiempos de adopción, para que no quede atrás ninguna empresa, especialmente las pymes, tan importantes en España.
La normativa que se está desarrollando en Bruselas y que busca aplicar al sector financiero los criterios establecidos en 2015 en los Acuerdos de París, se completará en 2024 y debe definir los nuevos criterios de sostenibilidad en la inversión y también en las empresas.
De momento, se han definido los fondos artículo 6 o no sostenibles; los fondos artículo 8, que incluyen criterios de sostenibilidad en el proceso de inversión, y los fondos artículo 9, los más exigentes, que definen por adelantado los objetivos medioambientales o sociales que deben cumplirse.
La presidenta de Unespa, Mirenchu del Valle, ha explicado que el sector necesita claridad jurídica en la definición de los productos de los artículos 8 y 9, es decir, disponer de una taxonomía homogénea, y ha señalado que el sector está en el camino de lograrlo en el ámbito ambiental, pero les falta el social, muy relevante para el seguro.
El sector también necesita activos « verdes » que puedan actuar como subyacentes en los productos de art 8 y 9, pues el mercado tiene apetito por esos activos.
Por su parte, el presidente de la patronal de los fondos de inversión, Inverco, Ángel Aldama, ha pedido un marco regulatorio « coherente », y ha añadido que una normativa rápida, sencilla y comprensible es la mejor vacuna contra el « greenwashing », que consiste en hacer pasar productos o iniciativas « marrones » por « verdes ».
Según Aldama, para lograrlo es necesario disponer de información suficiente para evitar depender de proveedores de datos que son « casi oligopolistas » y solo generan más costes para las entidades.
También ha pedido a las autoridades que establezcan « estímulos fiscales » para que estos productos tengan más atractivo para el inversor final.
El presidente de la Asociación Española de Cajas Rurales, Ernesto Moronta, ha puesto en valor, por su parte, la labor de acompañamiento y financiación a pymes sobre todo del sector agrario y ganadero, así como del profundo conocimiento que tienen de sus clientes, que les permite conocer quién usa recursos éticos para ser más sostenibles.
El director corporativo de Servicios Asociativos y Recursos de la CECA, la patronal de los bancos formados por las antiguas cajas de ahorros, Antonio Romero, ha solicitado colaboración público-privada para que las empresas puedan afrontar las cuantiosas inversiones requeridas para cumplir con todos los requerimientos.
También ha reclamado que la regulación sea « inteligente », para evitar « inconsistencias » y ha pedido claridad porque, entre otras cosas, algunos aspectos de la sostenibilidad como el « greenwashing » pueden generar responsabilidades jurídicas.
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